LA GARDUÑA

EL ESTADO DE LAS CAUSAS

Ningún líder político quiere reconocer, al menos públicamente, que en nuestro País existe un estado general de corrupción que se ha enquistado en las entrañas del sistema.  Esta grave irresponsabilidad, conlleva la imposibilidad de corrección de la situación.  En estas circunstancias, la frustración de los ciudadanos sumidos en la ingrata tarea de restañar con sus propios, y cada vez más escasos recursos, la nefasta, caótica, e improvisada gestión económica de los sucesivos gobiernos de nuestro llamado periodo democrático, se constituye en el perfecto caldo de cultivo para propiciar un golpe de mano en nuestro lastimado sistema.

La crisis institucional es tan profunda, que ha terminado por hacerse evidente hasta en la propia Jefatura del Estado, con las consecuencias que ello acarrea.

Todo ello propicia, que no sea aventurado pronosticar el auge de la indignación popular, que lamentablemente puede terminar también en imprevisibles experimentos populistas.  El proceso, que de antemano se augura como un estrepitoso fracaso, recuerda peligrosamente a tiempos pasados, y concretamente a los preámbulos de los últimos años de nuestra 2ªRepública.  El hartazgo general, y la desafectación de los ciudadanos como consecuencia, en este caso, de nuestro hermético, poco equitativo, y errabundo sistema, con tensiones territoriales incluidas, se encuentra a la espera de la chispa que provoque una reacción en cadena de lamentables consecuencias para todos.  El Gamonal, ha sido probablemente, un tosco y minúsculo preámbulo, que probablemente se tratará de solucionar con más represión, en lugar de con más democracia.  Los datos del contratista de las obras producen escalofríos;  Encausado, procesado y condenado por corrupción urbanística a siete años de prisión, posteriormente indultado, y ganador del polémico concurso con la oferta más cara ¿?.  Dadas las actuales circunstancias del País, ¿puede algún político en su sano juicio continuar actuando con tanto desprecio hacia sus ciudadanos?  La respuesta es obvia.  Los resultados, previsibles ante el estado general de las cosas, se podrían haber evitado a priori, probablemente con algo tan simple, y al parecer tan hipotético, como una simple consulta vecinal.  Nuestra clase política, continúa sin aceptar, que los dueños del dinero público, son los ciudadanos, y que ellos no son más que simples administradores de dichos recursos.  A diferencia de otras épocas, en ésta ocasión, no se han producido más que lamentables daños materiales, afortunadamente sin víctimas humanas.  Sí esto hubiese llegado a suceder, la situación entraría en una nueva dinámica, quizá irreversible, y España, una vez más, y ante el asombro de una comunidad Internacional incapaz de comprendernos, iniciaría un proceso de autodestrucción de nuestra tan maltratada y ya poco respetada democracia.  Resulta lamentable, que la suma de todos los factores negativos que atenazan  nuestro futuro: una profunda crisis institucional, fundamentalmente territorial y administrativa, judicial, industrial y económica en general, condicionadas por la opacidad del sistema, el congénito sectarismo ideológico, amparadas por la indecente estructura financiera de los partidos políticos y organizaciones sindicales, completa un cuadro patológico general de sombrío pronóstico, ante la aparente indiferencia de nuestros líderes, que en su condición de responsabilidad deberían adoptar cualquier actitud, excepto la de las avestruces.

El tratamiento ante este diagnostico se muestra tan evidente como improbable, dado que difícilmente el agente patógeno suele ser el antídoto adecuado, y debería, mediante una reforma constitucional consensuada, asentada en principios de justicia, transparencia, e igualdad entre ciudadanos y territorios, establecer las pautas de convivencia y prosperidad para los años venideros, a través de una profunda transformación de nuestra “partitocrácica” democracia orgánica, de listas cerradas y agrupaciones políticas constituidas en empresas financiadas opacamente y con ánimo de lucro, para convertirse en una democracia participativa que perdiese su integración vertical, y que decididamente estableciese una bases para una justicia independiente y no sujeta a injerencias y presiones políticas.   Incluso antes que eso, medidas tan sencillas como el des-aforamiento de cargos públicos, la introducción del agravante por malversación de fondos públicos, responsabilidad extendida a los partidos en los que se produzcan casos de corrupción, o una norma que introdujese transparencia en la financiación de los partidos, serían medidas mínimas e imprescindibles para volver  creer e un sistema desnortado y agónico, que galantea peligrosa e insensatamente con el “democraticido”.

Un viejo y sabio refrán marinero, dice que no existe viento adecuado y favorable cuando uno no conoce el rumbo.  Claro, que para conocer esto no basta con saber la dinámica del mar y la navegación, además hay que amarlo, y saber leer los roles del viento.

ALAZOR

21-1-2014